Estructura societaria, rondas de inversión y —lo que de verdad diferencia a una fintech— el análisis de si tu producto exige licencia de la Superintendencia Financiera. Resolverlo antes de lanzar cuesta muchísimo menos que resolverlo después de una visita.
La respuesta cambia tu modelo, tu capital mínimo, tus tiempos y tu valoración. Y no es obvia: hay productos que parecen tecnología y son actividad financiera.
Están reservadas a entidades vigiladas. Ejercerlas sin autorización puede constituir captación masiva y habitual de dineros del público, que es delito.
No son banca, pero tienen su propia regulación y no se pueden operar como si fueran software a secas.
Aquí opera la mayoría de las fintech colombianas, y es donde conviene diseñar el producto si se puede.
Es el error más frecuente: creer que sin licencia no hay obligaciones.
Prevención de lavado de activos. Aplica a muchos sectores no financieros, incluidas las empresas que superan ciertos umbrales o manejan determinadas operaciones.
Ley 1581 de 2012: política de tratamiento, autorización válida, registro de bases de datos y atención de reclamos. Una fintech maneja datos sensibles por definición.
Estatuto del Consumidor y, si eres vigilado, el régimen de protección al consumidor financiero: información clara, tasas y costos revelados.
Requisitos de ciberseguridad, continuidad del negocio y gestión de incidentes, exigibles contractualmente por las entidades con las que integras.
Si hay operaciones transfronterizas: canalización, registro de inversión extranjera y régimen de cambios.
Retención en la fuente sobre pagos, IVA en servicios digitales y facturación electrónica.
La mayoría de los problemas de una serie A se sembraron al constituir la SAS.
SAS con estatutos preparados para recibir inversión: clases de acciones, órgano de administración y decisiones reservadas.
Vesting, permanencia, qué pasa si alguien se va y quién se queda con qué. Se firma cuando todos son amigos, no cuando ya no lo son.
Cesión expresa de derechos de empleados y contratistas a la sociedad. Sin esto, el código no es de la empresa y el due diligence lo detecta.
Term sheet, valoración, dilución, pool de opciones y acuerdo de accionistas con reglas de gobierno y salida.
Una fintech que opera una actividad reservada sin autorización se expone a sanciones administrativas, orden de cesar operaciones y responsabilidad penal de sus administradores. Y en la práctica ocurre algo más inmediato: ningún inversionista serio entra a una ronda sin un concepto regulatorio claro.
El análisis se hace sobre el flujo de fondos, no sobre el pitch: quién recibe el dinero, en qué cuenta reposa, quién puede disponer de él y bajo qué título. Ahí está la respuesta.
La línea está en si custodias dinero de terceros y bajo qué título. Si el dinero del usuario reposa en una cuenta controlada por tu empresa y tú decides cuándo y a quién se transfiere, muy probablemente estás en actividad reservada.
Si solo enrutas la instrucción y el dinero nunca sale del circuito de entidades vigiladas, normalmente no. El análisis se hace sobre el flujo de fondos real, no sobre cómo se describe el producto.
Es un mecanismo de la Superintendencia Financiera para probar modelos innovadores en condiciones reales, con un número limitado de usuarios y por tiempo definido, bajo supervisión y con requisitos flexibilizados.
Sirve para validar producto y regulación al mismo tiempo. No es un atajo: hay que postularse, sustentar el modelo y cumplir las condiciones que imponga la Superintendencia.
La SAS funciona bien y es lo que usan casi todas las startups colombianas: permite distintas clases de acciones, acuerdos de accionistas oponibles y una estructura de gobierno flexible.
Lo que sí hay que hacer bien es el registro de la inversión extranjera ante el Banco de la República. No registrarla no invalida la operación, pero complica la repatriación de utilidades y del capital, que es justo lo que el inversionista va a querer hacer.
La estructura con matriz en Delaware o Cayman tiene sentido cuando el fondo lo exige, no por defecto: agrega costo y complejidad tributaria.
De él, salvo que haya cedido expresamente los derechos por escrito. En Colombia, sobre el software el autor conserva los derechos patrimoniales salvo cesión escrita; en obras hechas bajo contrato de trabajo hay presunción a favor del empleador, pero el contrato debe existir y el desarrollo debe caber en las funciones pactadas.
Es el hallazgo más común y más caro del due diligence de una startup. Se arregla firmando la cesión —incluso retroactiva— antes de la ronda.
El Registro Nacional de Bases de Datos aplica a responsables que superen los umbrales de activos o de número de titulares que fija la norma. Pero la política de tratamiento, la autorización válida y el procedimiento de reclamos aplican siempre, sin umbral.
Para una fintech es doblemente crítico: manejas datos financieros, que reciben protección reforzada. Ver el servicio de protección de datos.
Agenda una reunión sin costo. Analizamos el flujo de fondos de tu producto y te decimos con claridad si requiere licencia, si cabe en una figura especial o si puede operar sin autorización.
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Operación principal y representación ante todas las autoridades nacionales.
El mayor mercado de América Latina, y la puerta de entrada al Mercosur.
Donde se estructuran la inversión y la expansión de la empresa colombiana.
Tres frentes de la misma familia.
El pilar: constitución, producto y crecimiento de una compañía de tecnología.
SAFE, notas convertibles, term sheet, dilución y acuerdo con el inversionista.
Cuándo hace falta licencia, SEDPE, crowdfunding y el espacio de prueba.