Acompañamos la importación y la exportación: clasificación arancelaria, regímenes especiales, cumplimiento ante la DIAN y defensa en procesos de decomiso y sanción.
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Una operación de comercio exterior se gana o se pierde en cinco paradas. En cada una hay una decisión jurídica que define el arancel, el tiempo en puerto y si la mercancía llega o se queda.
Clasificación arancelaria, origen, régimen (ordinario, Plan Vallejo, zona franca) y el contrato con el proveedor. Aquí se define el arancel y el IVA.
Factura, lista de empaque, documento de transporte, certificado de origen y licencias previas: lo que la DIAN va a comparar contra la carga.
Declaración de importación, inspección y levante. Si hay diferencia, se responde en el acto: una observación mal contestada termina en aprehensión.
Aprehensión, decomiso o sanción: defensa en vía administrativa y, si hace falta, ante lo contencioso. También recuperación de la mercancía.
Costeo real de la importación, conservación de documentos por cinco años y la trazabilidad que una visita de la DIAN va a pedir.
La mayoría de las aprehensiones y sanciones aduaneras no nacen de una discusión jurídica compleja, sino de una descripción incompleta en la factura, un certificado de origen mal diligenciado o una subpartida arancelaria elegida sin sustento técnico. Trabajamos sobre esos dos frentes: ordenar la operación antes de que salga el contenedor y defenderla cuando la autoridad la cuestiona.
La subpartida determina el arancel, el IVA, las vistos buenos y los tratados aplicables.
Estructuración de la operación y cumplimiento de los requisitos previos.
Figuras que reducen costos y tiempos cuando la operación lo justifica.
Aprovechamiento efectivo de los tratados de libre comercio vigentes.
Representación desde el requerimiento hasta la vía contencioso administrativa.
La trazabilidad documental es lo que sostiene una operación auditable.
Prevenir cuesta una fracción de lo que cuesta recuperar una mercancía aprehendida.
Analizamos productos, proveedores, subpartidas usadas y documentos soporte de las últimas importaciones.
Ajustamos clasificaciones, certificados de origen y descripciones mínimas antes de la siguiente operación.
Evaluamos si un régimen especial o un TLC aplicable puede reducir la carga arancelaria de forma legítima.
Si ya hay aprehensión o proceso sancionatorio, asumimos la representación y la estrategia probatoria.
Cada importación en un solo expediente: flete, seguro, arancel, agencia y bodegaje, cada uno con la TRM de su fecha, se reparten entre los productos y sale el costo real por unidad antes de poner el precio.
El arancel y la partida los decide una persona, con la declaración o la consulta de la DIAN en la mano; el ERP guarda, reparte y deja la huella.
Conocer el ERP de Lexy Ver la demo de una importación| Valor FOB del producto | USD 100,00 |
| Flete y seguro, repartidos | USD 9,50 |
| Arancel y otros tributos | USD 5,50 |
| Agencia, bodegaje y transporte | USD 4,20 |
| Costo real por unidad, a la TRM de cada fecha | USD 119,20 |
El ERP es un producto de LEXY S.A.S.; cada empresa tiene su propia base de datos y se lleva sus datos completos si un día se va.
Casi todo el derecho aduanero colombiano vive en un solo cuerpo normativo: el Decreto 1165 de 2019, la Regulación Aduanera. Rige las relaciones entre la administración y quienes intervienen en la entrada, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Conocerlo no es lo difícil. Lo difícil es reaccionar dentro de los plazos que abre.
| Actuación | Plazo | Quién corre el riesgo |
|---|---|---|
| Requerimiento ordinario de información Decreto 1165/2019, art. 592 |
15 días hábiles, prorrogables por una sola vez por igual término | El importador. Responder tarde o incompleto define el resto del proceso |
| Requerimiento especial aduanero | El término que fije el propio acto para responder y aportar pruebas | El importador. Es la última oportunidad cómoda de aportar soportes |
| Acto que decide de fondo Decreto 1165/2019, art. 686 |
45 días desde el día siguiente al vencimiento del plazo para responder, cuando no hay pruebas que decretar | La DIAN. Aquí se impone la sanción, se formula la liquidación oficial o se archiva |
| Recurso de reconsideración | Vía gubernativa previa a lo contencioso administrativo | El importador. Lo que no se alegue aquí es más difícil de alegar después |
Ese último renglón es el que más caro sale. La vía gubernativa no es un trámite de paso: es donde se construye el expediente con el que después se litiga. Un recurso presentado sin la prueba técnica de clasificación, sin el certificado de origen corregido o sin el estudio de valoración llega a lo contencioso administrativo sin nada nuevo que mostrar.
Es la llamada que más recibimos, y casi siempre con las dos palabras confundidas.
Es una medida cautelar: la retención de la mercancía, el medio de transporte o la unidad de carga mientras la autoridad verifica su legal introducción, permanencia y circulación en el territorio aduanero nacional.
La mercancía sigue siendo tuya. Está retenida, no perdida.
Es la decisión de fondo que se toma al final del procedimiento y que traslada la propiedad de la mercancía al Estado.
Aquí sí la perdió. Y entre una cosa y la otra hay un procedimiento entero: es exactamente ahí donde se gana o se pierde el caso.
El acta de aprehensión dice la causal invocada. Todo lo que se haga después depende de cuál sea: no se defiende igual una descripción incompleta que una presunta subfacturación.
Factura comercial, documento de transporte, declaración de importación, certificado de origen, ficha técnica del producto. La mayoría de las aprehensiones se caen con documentos que ya existían y no se aportaron a tiempo.
Si el problema es de clasificación, hace falta un estudio de subpartida con sustento, no una opinión. Si es de origen, hay que ir a la regla específica del producto en el tratado aplicable.
Los plazos de la tabla anterior corren aunque nadie esté mirando. La respuesta se prepara desde el primer día, no desde el último.
Por eso acompañamos las tres puntas donde nuestros clientes mueven carga y capital.
Representación ante la DIAN, zonas francas, Plan Vallejo y defensa en procesos de aprehensión, decomiso y sanción.
El mayor mercado de América Latina y el socio comercial que más preguntas de origen y clasificación genera para el importador colombiano.
La puerta natural del comercio colombiano hacia el norte, y el punto donde se estructuran las compras y la logística de buena parte de las importaciones.
Lexy es una firma de abogados especializada en derecho aduanero y comercio exterior en Colombia. Somos una firma actual y de innovación: defendemos la operación con sustento técnico —estudios de clasificación, reglas de origen por producto, valoración aduanera— y no solo con argumentos jurídicos generales. Acompañamos desde la estructuración de la importación hasta la vía contencioso administrativa, operamos en Colombia, Brasil y Estados Unidos, y a través de Lexy Capital sumamos el corretaje de empresas: el historial aduanero de una compañía es de lo primero que se revisa cuando se vende. Atendemos a importadores y exportadores en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y respaldamos cada servicio con experiencia y especialidad.
Somos una firma de abogados con base tecnológica: automatizamos el control de plazos y la trazabilidad documental, que es justo donde se pierden los procesos aduaneros. Trabajamos con alta técnica jurídica y con equipos que entienden la operación logística, no solo el expediente: la clasificación arancelaria se defiende con ingeniería de producto, y el origen con la regla específica del tratado. Bajo Lexy Emprende Legal y Exitoso acompañamos a quien está montando su operación de importación, y con Lexy Capital sumamos el corretaje de empresas: cuando una compañía importadora se vende, su historial aduanero y sus contingencias con la DIAN son de lo primero que revisa el comprador. Nuestra experiencia se construyó justamente ahí, en el cruce entre la operación y el negocio.
El IVA de importación, los anticipos y las liquidaciones oficiales aduaneras terminan en la declaración de renta. Discutirlos por separado sale caro.
Etiquetado, reglamentos técnicos y vistos buenos: lo que exige la entrada de la mercancía es también lo que exige el Estatuto del Consumidor para venderla.
La autoridad aduanera puede retener mercancía por presunta infracción marcaria. Si su marca no está registrada en Colombia, no tiene con qué pedir esa retención.
Referencia oficial: la normativa aduanera vigente y los trámites ante la autoridad se consultan en el portal de la DIAN.
Una auditoría de las últimas importaciones suele revelar en pocas semanas riesgos de reclasificación y oportunidades de ahorro arancelario no aprovechadas.
