Representación judicial y administrativa de empresas
Representamos a empresas ante juzgados, tribunales, altas cortes, superintendencias y autoridades administrativas. Procesos societarios, comerciales, administrativos y laborales, con estrategia definida desde el primer día y no sobre la marcha.
Ante qué autoridades actuamos
Cada foro tiene sus reglas, sus términos y su forma de argumentar. Estas son las jurisdicciones en las que trabajamos.
Jueces civiles y de circuito
Procesos declarativos, ejecutivos y de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Tribunales superiores
Segunda instancia, apelaciones y recursos contra decisiones de primera instancia.
Corte Suprema de Justicia
Recurso de casación en materia civil, comercial y laboral.
Consejo de Estado
Nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales y reparación directa.
Corte Constitucional
Acciones de tutela, incidentes de desacato y selección para revisión.
Superintendencia de Sociedades
Conflictos societarios, abuso del derecho de voto, impugnación de decisiones y procesos de insolvencia.
Superintendencia de Industria y Comercio
Competencia desleal, protección al consumidor, datos personales y propiedad industrial.
Superintendencia Financiera
Actuaciones administrativas frente a entidades vigiladas y sus decisiones.
Jueces laborales
Demandas ordinarias laborales, fuero sindical y procesos de la seguridad social.
Tipos de proceso que atendemos
La mayoría de los conflictos empresariales caen en una de estas cuatro familias.
Societarios
Los conflictos entre socios son los que más rápido destruyen valor, porque paralizan la operación mientras se resuelven.
- Impugnación de decisiones de asamblea o junta
- Abuso del derecho de voto de mayoría o de minoría
- Acciones de responsabilidad contra administradores
- Exclusión de socios y ejercicio del derecho de retiro
- Disolución, liquidación y desacuerdos sobre valoración
Comerciales y contractuales
Incumplimientos, cobros y disputas sobre el alcance de lo pactado. Aquí la batalla casi siempre se gana con la prueba documental.
- Procesos ejecutivos por facturas, pagarés y garantías
- Incumplimiento contractual y cláusula penal
- Terminación unilateral y restablecimiento del equilibrio
- Responsabilidad civil por daños
- Medidas cautelares para asegurar el resultado
Administrativos
Cuando la contraparte es el Estado cambian los términos, la carga de la prueba y las oportunidades procesales.
- Nulidad y restablecimiento del derecho
- Controversias contractuales con entidades públicas
- Reparación directa
- Recursos frente a sanciones de superintendencias
- Acciones de tutela y de cumplimiento
Laborales
Defensa del empleador en la jurisdicción ordinaria y ante las autoridades de inspección y vigilancia.
- Demandas ordinarias por despido y prestaciones
- Procesos de fuero sindical
- Reclamaciones de la seguridad social
- Actuaciones ante el Ministerio del Trabajo
- Acoso laboral y comités de convivencia
Antes de demandar, decidimos si conviene demandar
Un pleito mal escogido cuesta más que la deuda que persigue. Esta es la secuencia.
Diagnóstico y probabilidad
Revisamos los hechos, la prueba disponible y los precedentes aplicables. Entregamos una probabilidad de éxito realista y un rango de costos y tiempos.
Estrategia y alternativas
Definimos si conviene demandar, conciliar, transigir o esperar. Muchas veces la mejor decisión es negociar desde una posición preparada.
Aseguramiento
Medidas cautelares, embargos y garantías. De nada sirve ganar un proceso contra alguien que ya no tiene con qué pagar.
Litigio y reporte
Actuación en todas las instancias, con informe periódico del estado real del proceso, sin tecnicismos innecesarios.
Lo más rentable es no llegar aquí
La mayoría de los litigios que atendemos nacieron de un contrato mal redactado
Cláusulas de terminación ambiguas, garantías sin ejecución clara, obligaciones sin plazo, foros mal pactados. Cuando el conflicto llega, ya no se puede arreglar el documento: solo se puede litigar con lo que quedó escrito.
Si todavía estás a tiempo, revisar tus contratos marco cuesta una fracción de lo que cuesta un proceso. Agenda una revisión.
Dudas sobre litigar en Colombia
¿Cuánto dura un proceso judicial en Colombia?
Depende del tipo y de la congestión del despacho. Rangos realistas de primera instancia:
- Ejecutivo: 1 a 2 años, más si hay excepciones
- Declarativo (verbal): 2 a 4 años
- Societario ante la Superintendencia de Sociedades: notablemente más rápido, entre 8 y 18 meses
- Contencioso administrativo: 3 a 6 años
Con apelación, súmale entre uno y dos años. Es el motivo por el que evaluamos siempre la conciliación antes de demandar.
¿Cómo se cobran los honorarios de un litigio?
Con tres componentes que se combinan según el caso: una cuota inicial por el estudio y la preparación de la demanda, cuotas por etapa procesal, y un porcentaje de éxito sobre lo efectivamente recuperado.
En procesos de cobro con prueba sólida se puede pactar un esquema con menor fijo y mayor éxito. En defensa, el esquema suele ser fijo, porque el "éxito" es no pagar y es más difícil de cuantificar.
¿Vale la pena conciliar o es mostrar debilidad?
Es una decisión económica, no de orgullo. En un proceso de cuatro años, recuperar el 70 % hoy suele valer más que el 100 % dentro de cuatro años —descontado el costo del dinero, los honorarios y el riesgo de que la contraparte se insolvente—.
Además, en varios procesos la conciliación prejudicial es requisito de procedibilidad: hay que intentarla de todas formas antes de demandar.
¿Qué es una medida cautelar y cuándo conviene?
Es una orden judicial que asegura el resultado del proceso antes de que termine: embargo de cuentas, de inmuebles, de establecimientos de comercio, o inscripción de la demanda.
Conviene casi siempre en procesos de cobro, y hay que pedirla temprano: el deudor que ve venir la demanda mueve sus activos. En procesos declarativos exige caución, así que se evalúa costo contra beneficio.
Tengo un conflicto con mi socio. ¿Juez o Superintendencia de Sociedades?
Casi siempre la Superintendencia de Sociedades, que tiene funciones jurisdiccionales en materia societaria y es sensiblemente más rápida y más especializada que un juez civil.
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